El 5% de la Población de Tenerife es venezolana.
Más de 52.000 venezolanos residen en la actualidad en Tenerife, representando el 5% de la población de la isla y casi el 50% de los extranjeros (132.000) que viven en ella, aunque muchos de ellos, en su condición de retornados, disponen de la doble nacionalidad hispano-venezolana. Los venezolanos son con mucha diferencia la primera comunidad latinoamericana en Tenerife, muy por delante de colombianos y ecuatorianos, y residen principalmente en dos grandes zonas, el área metropolitana (Santa Cruz-Laguna) y en San Isidro, en Granadilla de Abona.
En diez años, tras acceder Nicolás Maduro al poder, la llegada de venezolanos a Canarias se ha duplicado y muchos de ellos, con orígenes o no canarios, han arribado bajo el paraguas de un asilo o protección internacional, trámite que no siempre se cumple, denuncia Marcela Máspero, presidenta de la asociación social Solidaridad Venezuela, creada hace tres años por esta conocida sindicalista que fue presidenta de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete) y coordinadora nacional del movimiento de trabajadores del partido Voluntad Popular (VP) hasta que en 2018 se exilió en España.
La creación de Solidaridad Venezuela se creó en 2020 cuando Marcela Máspero residía en Granadilla y su principal cometido es ofrecer “sensibilización, información a la población en general, promoción de acciones y realización de programas y actividades con migrantes venezolanos, refugiados y solicitantes de asilo”.
La asociación hoy cuenta con una sede en La Laguna y un equipo multidisciplinar de apoyo a los inmigrantes de cualquier país y situado en la geografía no solo canaria sino europea. “Lo que en un inicio se planteó como la necesidad de ayudar, formar y asesorar jurídicamente a personas ligadas a Venezuela, en una isla como Tenerife donde los lazos familiares y sociales con este país han sido y son tan estrechos, se ha extendido a otras partes de la geografía española gracias a delegaciones en diferentes provincias, y ahora se abarca y atiende a toda persona migrante independientemente de su nacionalidad”.
Marcela Máspero insiste en poner en valor el asesoramiento a los inmigrantes “en beneficio de la propia Canarias, al evitar que los migrantes caigan en la economía sumergida, porque lamentablemente hay muchas mujeres latinoamericanas que trabajan como cuidadoras y en dependencia que lo hacen en B, por no decir en negro”.
Actualmente esta asociación desarrolla un proyecto anual gracias a una subvención del Cabildo, que ha permitido la contratación de seis personas, entre ellas una letrada y una técnica de Servicios Sociales, para el desarrollo de las funciones propias de esta asociación, y que ya ha permitido atender a más de un centenar de personas, que han requerido ayuda para una variedad de trámites como pueden ser la propia solicitud de asilo, cita con extranjería, inscripción en exámenes y convalidación, y a las que incluso se les facilitan apuntes y material de estudio.
Pero Máspero advierte que “hemos comprobado la poca diligencia del Consulado en estos trámites y desgraciadamente hay muchos ayuntamientos que no cumplen con la letra del BOE sobre el empadronamiento, y en muchas ocasiones porque el inmigrante necesita una residencia, lo que da pie a que se creen mafias con la vivienda, como está ocurriendo, desgraciadamente en San Isidro”, señala, justo la semana en que la letrada Loueila Mint El Mamy impartió un taller, gracias a la fundación Fundec del Cabildo de Tenerife, sobre “empadronamiento y extranjería”.
Además de una jornada sobre otros trámites de regularización administrativa, como educación, residencia y asistencia sanitaria, así como servicios de asesoría legal y jurídica. En esta caso, se hace hincapié, en la necesidad de empadronarse, para obtener la posibilidad de asistir a cursos de formación, que son gratuitos, y mejorar la empleabilidad. “El problema es que no todos se dejan orientar”, recalca Marcela Máspero.