Asociación Solidaria Venezuela

8 meses después ciudadanos residentes en Tenerife siguen sin beneficiarse del bono de transporte gratuito

Tras reunión realizada recientemente con la Consejería Insular de Movilidad del Cabildo de Tenerife, así como la queja registrada ante la Diputación del Común, no se han recibido respuestas acordes a la realidad de los ciudadanos que necesitan moverse por el territorio insular y se sigue produciendo una gran discriminación hacia estos ciudadanos.


Ante las denuncias recibidas por la Asociación Solidaridad Venezuela, por parte de usuarios a los que se les negaba acceder al bono, siendo residentes en Tenerife y cumpliendo los requisitos establecidos para su solicitud, se registraron escritos a la Consejería de Movilidad del Cabildo y TITSA, denunciando esta exclusión.


Asimismo, FUNDACIÓN FÜNDEC, Asociación ACTUA y Solidaridad Venezuela, registraron queja ante el Diputado del Común acreditando la circunstancia de las personas afectadas y solicitando que recomiende a la Administración modificar ese contenido.


Los representantes de las entidades presentes en la reunión, Antonio Villafaina de FÜNDEC y Marcela Máspero de Solidaridad Venezuela; denunciaron que a estas personas “se les niega el derecho a ser ciudadano” y que, “después de diversas consultas nos consta que en el resto de los Cabildos Insulares esta medida no existe, por lo que solo es en la Isla de Tenerife donde se produce esta práctica discriminatoria.”


La argumentación de la administración insular tinerfeña, contraria a la del resto del archipiélago, se basa en la “interpretación” del término residente, que pretende atribuir a los ciudadanos con autorización de residencia, aun cuando el Real Decreto 1316/2001 de 30 de noviembre que regula la bonificación del transporte aéreo y marítimo para los residentes de Canarias… señala como condición de residente “…hallarse inscrito en el padrón municipal de cualquiera de los municipios…”


Señalaron los representantes de las entidades que seguirán exigiendo por todas las vías administrativas y legales, que se les restituya este derecho que fue eliminado a finales de febrero de este año, con sesgos de racismo institucional, y que aspiran sea revertido cuanto antes.



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